EL GOBIERNO, LA PLATA, Y LAS PREGUNTAS INCÓMODAS.

Dr Hugo A. Fiallos

Médico que pregunta, porque también es su pisto el que están gastando.

Y bueno mi gente, se fue agosto, ya huele a navidad en Honduras y si no lo creen vayan a una tienda. Ya pasaron ocho meses y créame, para mi han sido ocho largos años, con el gobierno que tenemos. Ocho meses son suficientes para saber para donde va un gobierno, aunque todavía sean insuficientes para escribir su epitafio. Además, ocho meses han sido suficientes para crear una colección respetable de controversias, declaraciones desafortunadas, decisiones polémicas y preguntas que, convenientemente, nadie parece tener prisa por responder.

El gobierno de Tito Asfura llegó al poder prometiendo orden, disciplina, eficiencia y una reducción del tamaño del Estado. Y si, a la pobrería le gustó eso porque estamos acostumbrados a gobiernos que engordan la burocracia mientras adelgazan la esperanza del ciudadano. El problema es que gobernar no consiste solo en anunciar que se va a ordenar la casa. También hay que explicar qué se va a hacer con los muebles, quién tiene las llaves y, sobre todo, quién va a pagar la remodelación.

Durante estos primeros ocho meses han aparecido varios asuntos que merecen atención, y bueno, si bien es cierto que no todos son delitos, tenemos que recordar que una denuncia no es una sentencia, una sospecha no es una prueba y una controversia no convierte automáticamente a nadie en delincuente. Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario: pensar que mientras no exista una sentencia judicial, mientras no se presenten pruebas, los ciudadanos deben cerrar los ojos y quedarse callados. Nambe, tampoco es ser pendejo. 

La democracia funciona precisamente al revés. Primero se pregunta, después se investiga y finalmente, se mete al mamo. A quien sea. 

Uno de los episodios que más ruido produjo fue en Semana Santa, justo cuando el hondureñito andaba peregrinando en las casas de empeño para irse a la playa a costa de su estereo, aparece una denuncia de depósitos de 100,000 (cien mil para los de escuela de gobierno) lempiras a los diputados desde Casa Presidencial. Ombe que pijudo dijimos todos, ¿a cuenta de qué Casa Presidencial le dio pisto a los diputados? ¿Aja y que se hizo ese pisto? Ya se olvidó que todavía hay diputados (muchos) que ni devolvieron el pisto, ni dijeron en que lo gastaron, aunque varios anduvieron estrenando camisetas de I Love Miami.

“Ay fue legal”, dijeron, no no fue legal, porque fueron depósitos directos tipo aguinaldo directamente de la presidencia. Un poder del estado, mojándole la mano a otro. ¿Para que? Y es que lamentablemente la democracia verdadera exige que cada operación financiera sea transparente, justificable y fiscalizable. Pero parece que la versión Hondureña no leyó el manual.

Porque si la política hondureña pretende que confiemos en ella simplemente porque algo “está permitido”, ya jodimos. La confianza es para la pareja (y ya ven como les va a algunos). La administración de fondos públicos necesita controles no confianza.

Otro de los grandes negocitos ha sido la emergencia sanitaria y el manejo de los recursos destinados a enfrentar la mora quirúrgica. Aquí aparecen cifras, fideicomisos, participación privada y resultados que han generado más preguntas de las que han conseguido contestar.

Y nuevamente aparece la pregunta incómoda: ¿Dónde está el dinero? ¿cuánto se gastó y qué se solucionó con ese pisto?

Quinientos millones de lempiras no son una cantidad chiquita compa. Son hospitales, medicamentos, cirugías, salarios, equipos, ambulancias y pacientes que llevan meses esperando. Cada lempira gastado debería poder seguirse desde el presupuesto hasta el resultado.

Porque administrar dinero público no consiste en gastar. Consiste en demostrar qué se hizo con él.

Y aquí conviene desmontar otra costumbre hondureña: pensar que criticar una contratación pública equivale a estar en contra de que se resuelva el problema. No. Se puede querer que se opere a los pacientes y, al mismo tiempo, exigir que nadie haga negocio oscuro con esas operaciones.

La salud necesita soluciones rápidas, sí. Pero una emergencia sanitaria no debería convertirse en una crisis de transparencia.

En tercer lugar de esta hermosa colección está el asunto de la lucha contra la corrupción. Con el cuento que estaba reduciendo el estado, el Gobierno eliminó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero no dijo quién iba a hacer ese trabajo. Y ok, puede existir una explicación administrativa legítima para reorganizar instituciones, eliminar duplicidades o reducir gastos, pero no podes eliminar la obligación de explicar cómo se mantendrán las funciones.

Porque cerrar una oficina no elimina el problema que esa oficina debía resolver.

Una lucha contra la corrupción que depende demasiado del poder político corre el riesgo de convertirse en una lucha contra la corrupción de los otros.

Y ese es un viejo problema hondureño: Cuando gobiernan los nuestros, exigimos prudencia, pero cuando gobiernan los otros, exigimos cárcel.

Cuando los nuestros nombran amigos, hablamos de confianza. Cuando los otros nombran amigos, hablamos de nepotismo.

Así no se construye una República. 

Otro asunto que ha generado mucho escandalo es el familión 2.0, esa costumbre hondureña del nombramiento de personas vinculadas familiarmente con los funcionarios. Y aquí también conviene ser justos: ser pariente de alguien no convierte automáticamente a una persona en incompetente ni en corrupta. 

El problema aparece cuando el Estado deja de parecer una institución y comienza a parecer una hacienda familiar.

La meritocracia no consiste en encontrar personas que uno conoce y que además tienen un título. Consiste en demostrar que fueron escogidas porque eran las mejores para el puesto.

¿Aja y donde dejamos el regreso de las ZEDE?, un tema que vuelve como ese pariente incómodo que nadie invitó a la fiesta pero que siempre encuentra la manera de aparecer. Aquí tampoco caben las respuestas oficiales fáciles. El asunto tiene dimensiones jurídicas, económicas, y territoriales enormes. Pero tiene además una carga histórica inevitable: las ZEDE quedaron profundamente asociadas a la administración anterior del Partido Nacional y a una de las mayores controversias institucionales de los últimos años. Por eso cualquier movimiento relacionado con ellas genera sospechas.

Y hablando de administración anterior, resulta imposible ignorar a Juan Orlando Hernández.

Su regreso a Honduras colocó al Partido Nacional frente a su propio pasado. Y esa no es una decisión fácil. Hernández no es simplemente un expresidente. Es una figura que concentra algunas de las mayores controversias políticas y judiciales de la historia reciente del país con un enorme poder político, que ha hecho temblar a mas de un funcionario actual. 

Y vaya, el Gobierno de papi puede estar intentando construir una identidad propia, pero el problema es que los partidos cargan con sus antecedentes. Y esos antecedentes son particularmente incómoda cuando un partido pretende presentarse como renovado mientras algunas de sus viejas figuras vuelven al escenario.

Y finalmente está el conflicto con las comunidades garífunas, especialmente el caso de San Juan, en Tela. Aquí la discusión trasciende una disputa territorial. 

Cuando el Estado llega a una comunidad con policías para ejecutar un desalojo, el asunto deja de ser jurídico. El dialogo ya no es dialogo, es coerción y se convierte en un problema político, social y humano. Estamos hablando de comunidades históricamente vulnerables, derechos territoriales, identidad cultural y obligaciones internacionales del Estado hondureño. Y esta situación puede convertirse en uno de los mayores problemas de este gobierno.

Como si todo esto no fuera suficiente para decepcionar al hondureñito que no pasa viendo influencers en TikTok, sumemos la inseguridad, masacres y violencia. No todo homicidio es “culpa del Gobierno”, porque la criminalidad no nació el 27 de enero. Pero cuando una administración llega prometiendo orden y seguridad, los resultados en esa materia forman parte inevitable de su evaluación.

El Gobierno no puede controlar cada asesinato. Pero sí puede ser juzgado por su estrategia, sus instituciones y sus resultados. Que, al día de hoy, NO SE VEN.

Al final, el problema de estos primeros ocho meses es que existen una acumulación de controversias que, juntas, producen una pregunta mucho más profunda. ¿Qué clase de Estado se está construyendo?

Porque reducir el Gobierno puede ser bueno, eliminar instituciones ineficientes puede ser necesario, o contratar al sector privado puede ser útil.

Pero ninguna de esas cosas puede utilizarse como excusa para reducir la transparencia.

Honduras no necesita un Estado grande. Necesita un Estado que funcione.

Tampoco necesita políticos perfectos. Necesita instituciones suficientemente fuertes para controlar a los políticos imperfectos que tenemos.

Y sobre todo necesita ciudadanos que abandonen la costumbre de defender a los partidos como si fueran equipos de fútbol.

El presupuesto de la nación no es el premio del ganador de las elecciones. Es dinero de todos.

Por eso la pregunta más importante de estos primeros ocho meses no debería ser si el Gobierno de Asfura es bueno o malo. La pregunta correcta es mucho más sencilla:

¿Quién lo está vigilando? Porque de ahi vienen las otras:

¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo recibe? ¿Por qué? ¿Cuáles son los resultados? 

Son preguntas sencillas. Tan sencillas que deberían formar parte de cualquier ciudadano.

Ocho meses son apenas el comienzo. No corresponde todavía dictar sentencia política. Pero sí corresponde abrir los ojos, revisar documentos y empezar a preguntar.

Porque gobernar es administrar poder. Y administrar poder sin supervisión es una invitación a pecar. Una invitación que Honduras ya ha aceptado demasiadas veces.

Y después, como siempre, terminamos preguntando quién se la cogió.