El vaivén de la extradición: ese botón que muchos quieren apagar pero nadie quiere tocar

Dr Hugo A Fiallos

Que de politica no sabe ni un culo, pero si lee, entiende y aprende.

En el fascinante mundo de la política hondureña, donde las promesas se evaporan más rápido que un charco bajo el sol de Cortes, hay algo que nunca falla: cuando parece que vamos a hablar en serio de justicia, alguien decide convertir el tema en un acto de circo. Justo el 10 de enero de 2026, a escasos 17 días de entregar la banda presidencial como si fuera un paquete devuelto por Amazon, doña presidenta Xiomara Castro nos ha regalado un nuevo capítulo de comedia trágica, que no sé si les pasó desapercibido, pero a mi no y por eso leí y pregunté y escuché a los que saben y decidí compartirlo con ustedes.

Resulta que doña Presidenta Xiomara decidió retirar la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos. Sí, ese mismo tratado que había denunciado con fanfarria antiimperialista en agosto de 2024, gritando “¡Fuera injerencia yankee!” como si estuviera en un mitin chavista. ¿El resultado? El acuerdo queda vigente, y nosotros, los de la pobrería, nos quedamos rascándonos la cabeza preguntándonos si esto es diplomacia o simplemente un reality show con giros de guion baratos. Mientras los diplomaticos que ladraron "Soberania" quedaron, una vez mas, en ridiculo como perros ladrandole a las llantas.

Para los que no siguen el culebrón diario de esta novela cómica llamada gobierno de LIBRE, recordemos el trasfondo con una pizca de sarcásmo: Doña Xiomara, se enojó porque la embajadora gringa Laura Dogu osó criticar una reunión entre generales hondureños y Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa venezolano sancionado por EE.UU. por narcotráfico. “¡Injerencia intolerable!”, dijo la doña, y pum, denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, ese mecanismo que no es bonito, no es patriótico y no queda bien en los discursos, pero que curiosamente es lo único que ha hecho sudar frío al narcotráfico nacional, un tratado centenario que ha enviado a más de 50 hondureños –incluyendo al ex presidente JOH– a pudrirse en cárceles estadounidenses por traficar drogas y armas.

La presidenta Xiomara Castro anunció primero la denuncia del tratado. Luego vino el “pero”. Después el “siempre no”. Y finalmente, ya casi con el reloj marcando el final del mandato, retiró formalmente la denuncia y dejó el tratado vigente. Todo en orden, dirán algunos. Crisis evitada, dirán otros. Pero el problema no está en cómo terminó la historia, sino en el mensaje que se envió mientras se contaba.

Porque la extradición, en Honduras, no es solo un instrumento legal. Es un símbolo. Es el recordatorio de que, cuando el sistema judicial local no puede (o no quiere) llegar hasta el “Don”, existe un plan B. Un plan que no negocia, no perdona y no entiende de apellidos ni de influencias. Por eso incomoda. Por eso molesta. Y por eso, cada vez que alguien juega con la idea de quitarla, el ambiente se pone raro.

Aquí nadie teme ir preso. Seamos honestos. Lo que se teme es dónde. Porque una cárcel hondureña no es lo mismo que una prisión federal estadounidense. Aquí siempre existe la esperanza del privilegio, del trato especial, del “arreglamos después”. Allá no. Allá el expediente pesa más que el discurso.

Por eso, cuando desde el poder se lanza la señal de que la extradición es negociable, aunque luego se recoja el mensaje, el daño ya está hecho. El crimen organizado no necesita comunicados oficiales; entiende perfectamente el lenguaje de la duda. Y la duda es su mejor aliada.

Algunos defendieron la denuncia original hablando de soberanía. Palabra bonita, potente, muy útil cuando se quiere cerrar una discusión. Pero la soberanía no se ejerce debilitando las pocas herramientas que han funcionado contra estructuras criminales que superan al Estado en recursos, armas y organización. La soberanía real se ejerce con instituciones fuertes, jueces independientes y fiscales que no miren para otro lado. Y eso, seamos claros, todavía es una tarea pendiente.

Las implicaciones diplomáticas son un chiste de mal gusto. Retirar la denuncia del tratado evita un choque frontal con Estados Unidos que podría haber cortado ayudas económicas, comercio o incluso sancionado a más funcionarios. Nadie quiere sanciones, ni congelamientos de cooperación, ni problemas diplomáticos innecesarios. Pero tampoco fortalece la lucha contra el narcotráfico. Simplemente evita que se debilite aún más. Es una decisión defensiva, no estratégica.

Mientras tanto, el sistema judicial hondureño sigue cargando con las mismas limitaciones de siempre: presiones políticas, amenazas, lentitud, corrupción selectiva y una impunidad que no discrimina. En ese contexto, pensar que quitar la extradición iba a fortalecer la justicia local era, y conste que estoy siendo buena gente, pendejada.

Políticamente, en el circo interno de Honduras, esto me parece rendición tardía. Xiomara lo anuncia después de que su partido mordiera el polvo en las elecciones de noviembre de 2025: su candidata, Rixi Moncada, quedó en un humillante tercer lugar, y con la captura de su mayor aliado el dictador venezolano Nicolas Maduro, a mi me suena mas a un “Con la hebilla no patroncito, con la hebilla no”, que a una recapacitación lógica. Críticos opositores, como la diputada Merary Díaz, la acusan de ser “flexible” solo cuando conviene a sus aliados militares –esos generales que quizás temían extradición por presuntos lazos con narcos venezolanos–. Algunos analistas lo ven como un “distractor” para tapar un supuesto “golpe electoral”, con decretos que ignoran resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Consecuencia: Libre sale debilitado, con una imagen de revolucionarios de salón que gritan contra el imperio pero se arrodillan ante la primera presión. Y la crítica social aquí es brutal:

Este nuevo episodio de la novela cómica llamada gobierno de Libre deja un precedente peligroso para los futuros gobiernos. A partir de ahora, la extradición ya no es una política de Estado firme, sino una ficha que se puede mover según la coyuntura. Hoy se denuncia, mañana se negocia, pasado mañana se retira la denuncia. Todo es posible. Y cuando todo es posible, nada es confiable.

Estados Unidos, por su parte, toma nota. Puede que no lo diga en voz alta, y que sonría, pero lo anota. Y no olvida. Y la próxima vez que Honduras pida cooperación, apoyo o paciencia, la respuesta vendrá acompañada de más condiciones y menos confianza. Porque en política internacional, como en la vida, la credibilidad no se recupera con explicaciones, sino con coherencia.

Para Trump y su administración, es una victoria fácil: mantienen su garrote favorito para cazar narcos en el “patio trasero” centroamericano, reforzando esa vieja dinámica donde EE.UU. dicta y los demás bailan. ¿Soberanía? Ja, más bien una ilusión óptica, como la llegada de la CICIH.

Ahora, vayamos al meollo: ¿cómo afecta esto la lucha contra el narcotráfico interno en Honduras? Honduras no es solo un país; es una autopista dorada para las drogas rumbo al norte. Carteles mexicanos, venezolanos y locales usan nuestras costas y selvas como si fueran un servicio de delivery. El tratado ha sido clave para extraditar peces gordos, reduciendo la impunidad al menos un poquito. Retirar la denuncia lo mantiene vivo, lo que en teoría fortalece la pelea: más presión externa sobre los narcos, más incentivos para que los capos piensen dos veces antes de operar. Pero ay, el sarcasmo El indulto a JOH por Trump envía un mensaje perverso: “Trafica todo lo que quieras, si caes bien con el jefe gringo, sales libre con un perdón presidencial”. ¿Resultado? Los narcos locales podrían envalentonarse, percibiendo la justicia transfronteriza como un chiste de mal gusto. Internamente, sin el tratado, Honduras dependería de su propio sistema judicial, que es un colador: jueces corruptos, procesos lentos y una impunidad que roza el 95% en homicidios. Con el acuerdo vigente, hay un garrote externo, pero ¿y si se usa para perseguir opositores en vez de criminales reales? En un país donde el narco no es solo crimen, sino economía informal –jóvenes sin empleo terminan de mulas o sicarios–, decisiones como esta perpetúan el ciclo vicioso. La pobrería paga con sangre, mientras los líderes posan para la foto.

Al final, la discusión no debería ser si la extradición es buena o mala. Ese es un falso debate. La verdadera pregunta es por qué necesitamos enviar a nuestros criminales más peligrosos fuera de nuestras fronteras para que enfrenten justicia. Y la respuesta es incómoda, pero evidente: porque aquí la justicia, muchas veces, no alcanza.

Jugar con la extradición no es un acto de valentía ni de dignidad nacional. Es una apuesta riesgosa en un país donde el margen de error ya es mínimo. El tratado sigue vigente, sí. Pero quedó claro que puede temblar. Y cuando la ley tiembla, quienes viven al margen de ella aprenden rápido.

En Honduras, lamentablemente, los criminales suelen aprender más rápido que el Estado.